Las declaraciones de la abogada Karisma Karamañites sobre presuntas filtraciones de decisiones judiciales han vuelto a poner en el centro del debate la transparencia del sistema de justicia panameño, en particular por el señalamiento de que la exdirectiva del diario La Prensa, Annette Planells, habría conocido fallos antes de que fueran notificados formalmente a las partes involucradas.
Sobre este tema se pronunció la abogada penalista Guillermina Mc Donald, quien afirmó que este tipo de situaciones no son nuevas y que, desde hace años, abogados del país venían manifestando su inconformidad por el manejo de información del diario La Prensa, el cual, según señalan, publicaba decisiones del Ministerio Público y decisiones judiciales antes de que los propios abogados tuvieran conocimiento oficial de los mismos.
Mc Donald recordó que La Prensa conocía decisiones antes de que los abogados fueran notificados, lo que generó reiteradas quejas dentro del gremio. Señaló que, si una persona que no forma parte del proceso tiene acceso a información antes que las partes, se trata de un asunto delicado que debe ser investigado, ya que nadie ajeno al proceso tiene derecho a conocer ese tipo de información con antelación.
La abogada fue enfática en que estas prácticas no pueden considerarse periodismo investigativo. A su juicio, cuando la información se filtra de manera anticipada, se afecta tanto la administración de justicia como el propio ejercicio del periodismo. Añadió que este es un problema del que los abogados vienen quejándose desde hace mucho tiempo.
En relación con las afirmaciones de Karamañites, Mc Donald indicó que no se guía por percepciones ni interpretaciones, sino por hechos y pruebas. No obstante, señaló que Karamañites debe conocer más que otros lo ocurrido, pues, como ella misma expresó, "estaba dentro de la ballena" y tenía conocimiento interno de la situación, por lo que ese señalamiento no puede ser ignorado.
Por su parte, el abogado Basilio González cuestionó el impacto que estas denuncias han tenido en la imagen del país y rechazó que Panamá sea representado por una sola persona o por determinados grupos. González señaló que el propio embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera habría calificado como cuestionada a la persona que recibió un reconocimiento durante la administración del presidente Joe Biden, a pesar de que dicho premio se otorgó bajo la narrativa de lucha contra la corrupción.
El jurista indicó que no debe confundirse a Panamá con grupos que (Movin y Foco), en su momento, se autodenominaron representantes de la sociedad civil y que hoy enfrentan cuestionamientos. Afirmó que la denuncia presentada ha dejado en tela de duda la credibilidad de esa persona y de los grupos que decía representar, subrayando que no ha existido ningún proceso de elección que les otorgara legitimidad para hablar en nombre de la sociedad civil.
González sostuvo que Panamá, por el contrario, ha servido de inspiración para muchas personas y que lo ocurrido debe verse como una oportunidad para rescatar la justicia y corregir prácticas que han manchado su imagen.
Ambos abogados coincidieron en que lo denunciado debe ser investigado de inmediato, al no tratarse únicamente de una publicación periodística, sino de señalamientos públicos con nombres y apellidos. En ese sentido, recalcaron que corresponde al Ministerio Público investigar y determinar si existieron delitos, y al Órgano Judicial establecer si los hechos configuran o no responsabilidades penales.
